Podemos considerar a la autonomía como la capacidad que tenemos los pueblos indígenas para decidir nuestro destino en todos los ámbitos de la vida cotidiana, con identidad y conciencia propias, y con la suficiente capacidad de apertura para relacionarnos con los demás ciudadanos del país y del mundo.

¿Por qué son indispensables la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas?
Porque los indígenas somos pueblos y, por tanto, precisamos del reconocimiento de nuestros derechos colectivos para que sea posible el pleno disfrute de nuestros derechos individuales.
Porque nuestra diferencia cultural debe tener un reflejo en lo político. Es decir, si los pueblos indígenas somos una unidad cultural, también debemos ser una unidad política.

Porque queremos mayores espacios de libertad para poseer, controlar y gestionar nuestros territorios, para normar nuestra vida política, económica, social y cultural, así como para intervenir en las decisiones nacionales que nos afectan.
Además, la autonomía constituye una experiencia ancestral. Gracias a sus valores nuestras comunidades han sabido salir adelante con el esfuerzo propio, y así se han construido con los tequios los palacios municipales, las escuelas, los templos, sin ayuda externa.
Deseamos poder mantener estos valores y la organización social, económica, política, jurídica y cultural que deriva de ellos, tal como hemos venido haciéndolo hasta el presente. En particular, nos preocupa el fortalecimiento de nuestra autonomía en lo referente a mantener el control sobre nuestras tierras comunales, y en el sentido de seguir funcionando mediante asambleas comunitarias para tomar nuestras decisiones y para elegir a nuestras autoridades. Por eso se formula que la autonomía que ya se da de hecho en nuestras comunidades y municipios sea reconocida de derecho, y que también sea ampliada a nivel regional. Si únicamente nos conformamos con disfrutar la autonomía de hecho, corremos el peligro de que el Estado quiera recortárnosla. Sin embargo, si llega a instituirse la autonomía en el ordenamiento constitucional, estaríamos hablando entonces de un régimen político-jurídico acordado, y no concedido

Porque hemos sido ignorados y marginados históricamente. Mientras las leyes han establecido la supuesta igualdad entre todos los mexicanos, en la práctica real las instituciones del Estado no nos han servido, y nuestros pueblos se han visto sometidos a una total situación de desigualdad desde el tiempo de la colonia. Por ello, es preciso que se instituya una asimetría positiva entre los pueblos indígenas y los demás sectores sociales del Estado mexicano, que haga posible que paulatinamente nos vayamos equiparando al resto de la nación en el disfrute de las prerrogativas de que gozan nuestros compatriotas no indios. Esto no implica crear desigualdades entre los mexicanos, sino tratar de paliar las ya existentes.

Porque es una manera de hacer realidad la democracia y la participación política en nuestras regiones. Sostenemos que, sin ser la llave que va a resolver de golpe todos los problemas de marginación y explotación que viven nuestras comunidades, el reconocimiento de los distintos niveles de autonomía en las regiones indígenas constituirá un primer paso para posibilitar el fortalecimiento de nuestra cultura e instituciones sociales, políticas, económicas y jurídicas; que nos permitirá deli-near nuestro futuro y que al mismo tiempo comprometerá al Estado a respetar nuestros derechos colectivos e individuales.
Porque es un mecanismo eficaz que permitirá llevar a cabo la profunda reforma del Estado. Si solicitamos mayor participación en las instancias nacionales es también porque queremos que algunas instituciones mejoren y estamos convencidos de que los indígenas, desde nuestra especificidad, podemos hacer aportaciones al resto de la sociedad nacional.

Porque el reconocimiento de nuestra autonomía beneficiará y fortalecerá no sólo a los indígenas sino que consolidará la unidad de todo el país, al abrir caminos hacia la verdadera integración de todos los pueblos que conformamos México y al permitirnos verter abiertamente en el país los aportes de nuestras diferentes culturas, en una relación de igual a igual. También, la autonomía indígena nos permitirá recibir en condiciones de mayor capacidad y fuerza un mundo cada vez más globalizado e interdependiente.
¿Los pueblos indígenas queremos dividir o balcanizar al país?
De ninguna manera. De hecho existen varias formas en que los pueblos pueden ejercer en su vida cotidiana la libre determinación. Pero podríamos afirmar que existen básicamente dos formas: la primera se da mediante cualquiera de las formas de independencia, y la segunda mediante el ejercicio de la autonomía. La independencia significa separación y por lo tanto el ejercicio pleno de la soberanía. Por el contrario, la autonomía significa demandar el ejercicio de la libre determinación dentro de un Estado para hacer real la unidad, el federalismo y la democracia.

¿Por qué los pueblos plantemos el reconocimiento de nuestras normas, instituciones, procedimientos y autoridades?
Se nos ha dicho que los pueblos indígenas no tenemos normas, reglas, derecho. Que sólo tenemos unos usos, unas costumbres, que no sirven, que no valen, y que sólo han servido para mantenernos en el atraso y la marginación. Pero no es cierto. En el mundo, todas las sociedades cuentan con un conjunto de normas que rigen la convivencia colectiva, que en su totalidad podemos denominar sistema jurídico o derecho. En el caso de las sociedades indígenas, este conjunto de normas propias ha demostrado tener una gran vigencia y eficacia, al grado de que la gran mayoría de los conflictos que se suscitan en las comunidades se resuelven al interior de las mismas mediante instituciones, procedimientos y autoridades propias.
Estas normas no sólo sirven para resolver problemas, sino que son la base fundamental para la organización comunitaria. A partir de estas normas indígenas se organizan el tequio o las faenas, se establecen las obligaciones y derechos comunitarios, se celebran las fiestas, y sobre todo, a partir de ellas se estatuyen las formas de autogobierno y los procedimientos de nombramiento de las autoridades.

Todo ello nos permite afirmar la existencia de un sistema normativo indígena, que tiene unas características específicas y diferenciadas con respecto al sistema jurídico del Estado, como son su carácter oral, su enfoque integral y flexible, la colegiabilidad en el dictamen de resoluciones, y cuya importancia es tan grande que lo podemos considerar como la columna vertebral que amarra la estructura de las comunidades.
El planteamiento del sistema normativo indígena y la autonomía están estrechamente ligados. Uno de los requerimientos más importantes para que los pueblos indígenas podamos gozar del derecho a la autonomía es que el ordenamiento jurídico nacional reconozca que en México conviven diversos sistemas jurídicos y que existe, por tanto, un pluralismo legal.
También sería preciso delimitar los espacios culturales en los que no debe interferir el orden jurídico nacional y reconocer constitucionalmente la facultad jurisdiccional de las autoridades indígenas para resolver los conflictos que se dan en sus ámbitos espaciales y materiales.

En este marco, los pueblos indígenas necesitamos garantizar plenamente el respeto a la dignidad e integridad de la mujer indígena. Es justo y necesario que en todas las decisiones haya una participación plena de las mujeres.
Finalmente, el reconocimiento que estamos defendiendo no debe únicamente tener repercusión en nuestros tribunales internos. Esto implicaría que se ejercitara realmente el derecho a que los indígenas contemos con traductores en todas las fases del procedimiento, así como la creación de mecanismos que permitan que las personas encargadas de juzgar a un indígena tengan un conocimiento cabal de las formas jurídicas específicas de nuestros pueblos.

¿Por qué la participación y representación política de los pueblos indígenas en el contexto nacional y estatal?
En las campañas electorales se nos invita a votar por determinado candidato postulado por un partido político. Este sistema, que los expertos llaman democracia representativa, ha excluido tajantemente a nuestros pueblos indígenas.
En primer lugar, los partidos políticos han dividido y confrontado a nuestras comunidades. Además, la distribución territorial de los distritos electorales ignora la ubicación geográfica de nuestros pueblos, y finalmente, el mecanismo de elección de los representantes populares no toma en cuenta nuestras tradiciones y mecanismos democráticos ancestrales.
Por eso, una de nuestras exigencias básicas es la relativa a la participación y representación en los espacios de decisión nacional y estatales. Conforme a la propuesta de la Cocopa, se estaría posibilitando legalmente el nombramiento de las autoridades municipales y de los diputados locales y federales, conforme a los mecanismos de democracia directa que ancestralmente nos han heredado nuestros antepasados, sin la intervención de los partidos políticos.
En cada región indígena se tendrían que acordar las formas y mecanismos concretos para su realización. Para hacerlo posible, se tiene que realizar una labor de redistritación electoral a nivel federal y estatal, tomando en cuenta la ubicación geográfica de los pueblos indígenas.

 

No podemos concebir a la tierra como una mercancía. Por eso mismo, debemos estar atentos a los actos de destrucción de nuestros territorios por las imposiciones de proyectos que en diversas regiones indígenas del país están pretendiendo efectuar el gobierno federal y los gobiernos estatales.
Para los pueblos indígenas es básico seguir conservando íntegramente nuestros territorios y continuar manteniendo la tenencia comunal de nuestras tierras, pues sólo así es posible preservar nuestra cohesión social, conservar las formas de trabajo gratuito y colectivo en beneficio de toda la comunidad y asegurar el patrimonio y el futuro de las próximas generaciones. Por eso es importante el reconocimientos de los territorios de nuestros respectivos pueblos, entendidos como el espacio donde podamos ejercer nuestra jurisdicción propia y nuestra autonomía.

¿Por qué el reconocimiento constitucional de la cultura indígena, así como la educación bilingüe e intercultural?
El valor de nuestras culturas ha sido ocultado y desconocido por Occidente dentro del ámbito universal de las culturas: a nuestra medicina la consideran brujería; a nuestra religión, superstición; a nuestra historia, mitos; a nuestro arte, folclor; a nuestros idiomas, dialectos; a nuestros sistemas normativos, simples usos y costumbres, etcétera.
En los albores de este nuevo milenio, es muy común todavía el prejuicio de que hay razas o culturas superiores e inferiores, y es tristemente frecuente que nos perciban como ignorantes, atrasados y menesterosos. El mismo uso popular que se hace del término indio conlleva un matiz discriminatorio.
Por ello, es importante para nosotros manejar y reivindicar el concepto de cultura indígena. Reclamamos nuestro derecho a la diferencia, el reconocimiento y respeto del derecho a seguir manteniendo globalmente nuestras culturas y formas de vida específicas en todos los aspectos (idioma, instituciones económicas, prácticas sociales, políticas, jurídicas, religiosas, etcétera).

Nuestra cosmovisión se caracteriza por su énfasis en la coexistencia armónica y comunitaria del ser humano con su entorno natural. De ahí parten nuestras normas sociales: somos profundamente comunitarios; nuestros vínculos sociales se fundamentan en la reciprocidad e intercambio respetuoso.
A partir de estas culturas ancestrales, nuestros pueblos han construido su propia identidad. Estamos conscientes de que tenemos unos rasgos culturales y una manera de entender la vida que nos distinguen de los demás mexicanos y de otros pueblos. Tenemos la conciencia de que somos pueblos con culturas propias y específicas. Así queremos que nos reconozca la Constitución mexicana.
Particularmente el sistema educativo nacional debe tomar en cuenta esta situación. Como todos sabemos, la llamada educación bilingüe e intercultural hasta hoy ha sido un mito. Pero es fundamental que se haga realidad. Y en este sentido se debe hacer una amplia revisión de los planes y programas de estudio en las diversas regiones indígenas del país, para adecuarlos a las culturas y realidades específicas de los mismos. Es importante renovar los métodos y materiales educativos, para concretar verdaderamente una educación bilingüe e intercultural en todas las modalidades y niveles educativos.

¿Por qué un desarrollo y crecimiento con identidad y respeto a la naturaleza?
Las ideas del Estado nos han llevado a la lógica de que los indígenas mexicanos debemos integrarnos al "desarrollo nacional". Siguiendo este razonamiento, la condición para tener acceso a dicho desarrollo nacional es dejar de ser lo que somos. Frente a esta idea ha surgido la propuesta indígena de que el crecimiento y el florecimiento de nuestros pueblos debe partir de nosotros mismos. Todo proyecto de desarrollo planteado desde afuera y sin tomarnos en cuenta será un atentado hacia la integridad de nuestros pueblos.

Los criterios que orientan esta propuesta toman como base del desarrollo y crecimiento indígena nuestra cultura, así como un profundo respeto a la naturaleza. Decimos que los conceptos de desarrollo, cultura y naturaleza van íntimamente ligados y vienen a constituir el trinomio de la vida presente y futura de los seres vivos. La propuesta es entonces la de buscar en nuestra cultura propia las alternativas de desarrollo, a la vez que aprovechamos conscientemente las tecnologías y conocimientos de afuera siempre que nos resulten útiles. También se trata de aprovechar racionalmente a la naturaleza, pensando en el equilibrio ecológico y en las generaciones futuras.

¿Por qué los indígenas debemos tener medios de comunicación?
Los diversos medios de comunicación hasta hoy han sido ajenos a la vida de nuestras comunidades y pueblos. En dichos medios poco se habla de nuestras realidades y casi nunca se retoma ahí nuestras culturas. Por el contrario, es a través de dichos medios de comunicación que se han reproducido todas las formas de discriminación hacia nosotros.
Esta lamentable situación debe revertirse. Y por eso en el marco de la autonomía indígena, los pueblos podrán adquirir, operar y administrar sus propios medios de comunicación. Sólo de esta forma podremos garantizar el impulso de una real y verdadera interculturalidad en México.
¿Por qué el Estado debe proteger a los migrantes indígenas?
La migración indígena está tomando niveles alarmantes. Es en muchos de los casos una emigración provocada cuya tendencia es despoblar y en consecuencia debilitar la estructura social comunitaria. Para atender esta situación se requieren del impulso de políticas, planes y programas que resuelvan de fondo la extrema pobreza. Además, para paliar la emigración creciente, también se requiere de programas específicos para proteger los derechos de los migrantes indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

¿Por qué la remunicipalización en las regiones y pueblos indígenas?
Muchas de nuestras comunidades indígenas forman parte de municipios cuya cabecera municipal está ubicada en una localidad no indígena. Esto evidentemente ha traído enormes abusos de diverso tipo. Por ello se ha planteado la necesidad de hacer una remunicipalización en las regiones y pueblos indígenas, para adecuarlos a las necesidades reales de nuestros pueblos y a sus circunstancias geográficas, culturales, sociales, económicas y políticas.
Esta remunicipalización debe ser vista como un proceso, mismo que debe ser producto de un acuerdo entre nuestros pueblos y las instancias que competan. Es decir, no debe de ser un proceso impuesto por los gobiernos estatales y federal. Además, para nuestros pueblos es importante que veamos esta remunicipalización como parte de la gran tarea de reconstitución que ya hemos emprendido en diversas partes.

¿Por qué es necesaria la reforma legal e institucional indígena?
Así como un árbol tiene sus raíces y estas raíces se reflejan en el tallo, las ramas, las hojas y las flores, también así sucede con una reforma constitucional. La raíz en este caso es la reforma constitucional y el tallo, las ramas, las hojas y las flores serían la reforma legal e institucional.
Es decir, una vez realizada la reforma constitucional sobre derechos indígenas, se tendrán que adecuar todas las leyes del país para dar cabida en ella los derechos indígenas reconocidos constitucionalmente. Pero para que la ley no quede en letra muerta, también se deben transformar todas las instituciones federales y estatales del país que de algún modo u otro tienen que ver con los pueblos y regiones indígenas. Serán nuestras propias comunidades, municipios y pueblos indígenas quienes con dichas instituciones del Estado deberán vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes reformadas.
Y desde luego, la transformación de las leyes e instituciones del país es una tarea que corresponde al Congreso de la Unión.
Este texto fué publicado el día 18 de marzo en el periódico La Jornada y lo reproducimos aquí dada su importancia comunitaria.