Ruido, redundancia e ingenuidad han sido las
características de la mayoría de las protestas contra
las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión. Todos
protestan y se inconforman pero pocos saben qué hay detrás
de esta ley, a todas luces injusta, y de la actuación del
poder Lesgislativo, caracterizado por la conhivencia de zátrapas
que se dicen representantes del pueblo que velan por los intereses
de la nación, cuando en realidad han vendido sus principios
a la empresa privada. Nada nuevo bajo el sol.
Con afán de informar sobre la situación
damos a conocer los elementos generales y las implicaciones de
estas modificaciones legales con el propósito de formar
una opinión y ofrecer puntos de vista que puedan guiar
el ánimo de protesta que hoy, afortunadamente, ha unido
a la sociedad civil en contra de sus “representantes”.
Las reformas a la Ley de Radio y Televisión
están relacionadas con la entrada en función de
la tecnología, que en materia del espectro radioelectríco
(frecuencias de transmisión) permite hoy digitalizar las
señales de radio y televisión que se transmiten
por el espacio aéreo de la Nación.
La tecnología digital permite crear
un numero exponencial de nuevas frecuencias que inundarán
la banda de Amplitud Modulada, Frecuencia Modulada y las Banda
de Alta y Ultra Frecuencia (VHF, UHF). Esto significa que de contar
con algunos cientos de estaciones en estas bandas pasaremos en
los próximo años a contar con miles de frecuencias
que resultan de dividir el espectro análogo en digital.
O sea que, por dar un ejemplo, de un solo punto en la banda de
Frecuencia Modulada se crearán por lo menos otros diez.
La ley establece quedichas frecuencias de
nueva creación se otorgarán sin costo a los que
ya son poseedores de concesiones de frecuencias, en su inmensa
mayoría estaciones que responden a intereses comerciales
y mercantiles. La ley no cancela las frecuencias ya concensionadas
a las 49 estaciones de carácter público, estatal
o cultural, como Radio UNAM, IMER, Radio Educación y otras.
Lo que sí hace la ley es disponer del
espacio de transmisión, propiedad de la Nación,
para otorgarlo sin restricciones o tarifas a concencionarios que
obtendrán pingües ganancias y que además inundarán
los diales de radio y televisión con la consabida dieta
de programas que anuncian productos y servicios chatarra o que
incluyen contenidos que deforman la percepción de lo social,
de los individuos y de las relaciones sociales, y que seguramente
van a indundar las nuevas frecuencias con la ya conocida programación
de corte sensacionalista, de entretenimiento y distracción
estultificantes.
Las consecuencias son que a futuro la radio
digital será patrimonio exclusivo de señales comerciales
apoyadas por los partidos políticos que aprobaron la ley,
mismos que viven con la expectativa de perpetuarse en el poder,
para disponer de sus dietas legilsativas, de los jugosos presupuestos
que les entrega el Instituto Federal Electoral para que hagan
sus campañas en los medios y del poder que confiere la
imagen transmitida por lo medios.
Otra consecuencia de la aprobación
de la ley está relacionada con la implantación de
tecnologías que no están al alcance de las radios
comunitarias, caracterizadas por ofrecer servicio de comunicación
a comunidades que se encuentran fuera del alcance de la telefonía,
las carreteras o cualquier otro medio de comunicación.
Estas emisoras no cuentan con los recursos para renovar sus instalaciones
y cambiarlas al sistema digital, por lo que se verán obligadas
a claudicar su servicio ante la imposibilidad de cumplir con los
estándares establecidos por la ley y la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes. Estas estaciones sí desaparecerán
en la medida enque no puedan cuplir con los requisitos de operación.
La aprobación de esta ley en suma beneficia
las estaciones comerciales agrupadas en la Cámara Nacional
de la Industria de la Radio y la Televisión, pues son ellos
los que cuentan con el capital para renovar sus instalaciones
y para llenar las nuevas frecuencias con la basura a la que ya
nos tienen acostumbrados. A futuro, la radio y televisión
de México ahondarán las diferencias entre aquellos
que tienen el poder para decir y hacer visibles sus contenidos
y aquellos que no cuentan con acceso a medios de difusión
que sirvan a sus tareas diarias, que reflejen sus condiciones
de vida. Necesitamos más emisoras que informen sin sesgos
políticos o que ofrezcan entretenimiento y cultura que
reflejen las condiciones reales de vida de los mexicanos.
La ley establece que el presidente en turno
sea el único responsable de nombrar a los cinco integrantes
de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para los próximos
16 años. Un nombramiento de esta naturaleza impediría
la alternancia y diversidad en un órgano regulador de suma
importancia para el país. El nombramiento cae en la persona
de un gobernante que está a punto de dejar su cargo a fines
de este año. Debido los tiempos que marca la ley, el Senado
no podrá objetar las designaciones pues los nombramientos
serán hechos al finalizar el periodo de sesiones del mismo.
Sumada a la iniciativa de Ley de Cultura propuesta
el año pasado, las modificaciones a la Ley de Radio y Televisión
demuestra la manera tan oprobiosa con que el gobierno y sus representantes,
partidos políticos y empresas del rubro de la comunicación
electrónica han suscrito acuerdos a espaldas de la Nación,
con el pretexto de impulsar la competitividad. La competencia
equitativa no puede lograrse entre desiguales. En los términos
en que se aprobó la ley los únicos que sobrevivirán
a este darwinismo económico serán los grandes
capitales los que, a despecho de las necesidades auténticas
de una sociedad que está construyendo la democracia, velan
únicamente por sus propios intereses, defienden los de
las minorías empreseariales, que son quienes ejercen los
poderes de facto (económico y político)
al amparo de sus socios: los legisladores y las Secretarías
de Estado responsables (Secretaría de Gobernación,
de Educación Pública y de Comunicaciones y Transportes).
Estos son algunos puntos generales por
los que hay que protestar:
- Las necesidades de comunicación,
información y entretenimiento sano de la población
han sido postergadas.
- El Congreso actuó de manera ilegítima
pues no representó los intereses de amplios sectores
de la población.
- La ley aprobada promueve la concentración
del poder en manos de intereses comerciales, protegidos y alentados
para continuar la promoción del consumismo, la malversación
de la información y la violación del derecho a
la cultura de los ciudadanos.
- Las ondas de radio y televisión
son un bien público, patrimonio de la nación;
entregarlas para su explotación comercial sin restricciones
es renunciar a la tarea rectora del Estado en esta importante
materia.
- Los legisladores que votaron a favor
de la minuta de ley intercabiaron con los monopolios de la comunicación
prebendas, atención privilegiada y ventajas en la inserción
de sus campañas políticas en los medios.
¿Qué podría hacerse?
- La ley debe contemplar el subsidio estatal
a emisoras comunitarias y canales de televisión públicos
ya existentes, para que representen una opción verdadera
en el espectro de la radio y la televisión.
- La ley debe contemplar la concesión
de frecuencias en el nuevo espectro digital a las instituciones
de educación superior, institutos científicos
y culturales, agrupaciones no gubernamentales y otras instituciones
de carácter no lucrativo que ofrezcan servicios sociales
a la población más necesitada.
- La discusión de enmiendas a la ley
debe hacerse de manera abierta y de frente a la sociedad, dirigida
por las instituciones de educación superior que están
relacionadas con los temas de la comunicación y la cultura.
- Se debe evitar a toda costa el uso monopólico
de las ondas de radiotransmisión y debe abrirse un debate
público nacional sobre quiénes son los que merecen
ingresar al nuevo espacio digitalizado de la comunicación
y cuales son las obligaciones que tienen los medios de comunicación
para con la sociedad.
- Los organismos rectores de la ley, asi
como la secretaría de Gobernación y la de Educación
Pública deben fijar su postura ante la nueva ley y deben
ejercer la labor que les corresponde como garantes del interes
público.
- Se debe cobrar a los concecionarios comerciales
tarifas por uso de las frecuencias propiedad de la Nación
y utilizar estos ingresos para financiar la transición
digital de las emisoras comunitarias, subsidiar la producción
de programas de contenido cultural y difundir los contenidos
de programas y emisoras con una clara función social.
- Las protestas contra la ley y los legisladores,
contra el gobierno de Fox y las empresas monopolícas
deben ser inteligentes, debemos demostrar madurez , creatividad
y evitar caer en la provocación para dar a la réplica
un carácter multiplicador, efectivo y con la altura que
corresponde a una sociedad democrática madura.
